Causa en Común @ Policía Honesta - Enero 2017, 2017!

 

El abuso policial y los ciudadanos

 

El abuso de autoridad ocurre cuando un funcionario público, aprovecha su cargo y/o sus funciones para sacar provecho o enfrentar a quien se encuentra en una posición subordinada o de dependencia. El abuso ocurre en cuanto se usa el cargo para obtener beneficios personales o para su grupo.

 

La policía y las fuerzas de seguridad en general abusan a partir del uso de la violencia. Por ejemplo, cuando realizan una detención y no permiten que el detenido se defienda conforme a derecho o cuando, durante una protesta, se realizan actos de violencia contra los manifestantes.

 

En México, la policía es, con frecuencia, señalada por abusar de su condición de autoridad para obtener beneficios que se ven como actos de corrupción. Esto se debe, entre muchos otros factores, a dos cosas: los ciudadanos desconocen sus derechos y en muchas ocasiones prefieren arreglar sus problemas con la autoridad de una manera directa, a través de sobornos o el uso de “influencias” y, en segundo lugar, los policías son a menudo presionados u obligados por sus mandos a llenar cuotas de detenidos o de “mordidas” para demostrar eficiencia y para aprovechar su cargo.

 

Los abusos policiales más conocidos y cuestionados por los ciudadanos son: actos de corrupción, extorsión, tortura, tráfico de influencias, secuestro, uso de equipo para fines ajenos a la tarea policial, omisión de funciones, mal trato verbal y físico.

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) las instituciones menos confiables en materia de seguridad son la Policía municipal (48.7%), el Ministerio público (47.6%), la Policía ministerial (47.5%) y la Policía estatal (42.8%). El orden de la desconfianza se debe a muchos factores, pero la corrupción es uno de los principales.

 

Tabla 1 Confianza en autoridades de seguridad según ENVIPE 2016

Autoridad

Mucha confianza

Algo de confianza

Algo de desconfianza

Mucha desconfianza

 
 

Porcentaje

 

Marina

49.0

38.0

6.8

3.6

 

Ejército

43.5

41.3

8.7

5.0

 

Policía Federal

16.6

48.5

20.0

12.8

 

Procuraduría General de la República (PGR)

12.7

44.7

23.3

16.0

 

Policía Estatal

9.7

45.8

25.7

17.1

 

Jueces

11.9

41.8

24.4

19.1

 

Policía Preventiva Municipal

7.3

42.9

28.4

20.3

 

Policía Ministerial o Judicial

10.8

39.3

24.9

22.6

 

Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales

9.7

40.3

26.7

20.9

 

 

Fuente: ENVIPE 2016

 

En la misma encuesta, en cuanto a la desconfianza, las mismas instituciones ocupan los primeros lugares en la percepción de la corrupción. Como se aprecia en la tabla 2, el primer lugar de percepción de corrupción lo ocupa la policía de tránsito, que, por lo regular, está a cargo de las autoridades municipales. En ese caso prácticamente dos de cada cuatro personas la perciben como corrupta. Dos de cada tres opinan que hay corrupción en la policía preventiva municipal y casi lo mismo es para la policía estatal y la policía ministerial.

 

Tabla 2 Percepción de corrupción en las instituciones de seguridad según ENVIPE 2016

Autoridad

Sí hay

No hay

Porcentaje

Policía de Tránsito

76.1

18.1

Policía Preventiva Municipal

66.7

25.3

Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales

65.8

27.8

Jueces

65.1

28.3

Policía Ministerial o Judicial

63.3

29.6

Policía Estatal

62.9

28.6

Procuraduría General de la República (PGR)

59.6

32.3

Policía Federal

55.3

36.8

Ejército

25.1

66.8

Marina

19.7

72.4

Fuente: ENVIPE 2016

La percepción de corrupción, sumada a la percepción del desempeño, ofrece una idea más precisa de por qué los ciudadanos desconfían de su autoridad. Las autoridades observadas como corruptas también son aquellas que se consideran como poco o nada efectivas para cumplir sus funciones. Todas tienen una percepción de ineficacia que ronda el 50% en las opiniones de la población.

Tabla 3 Percepción del desempeño de las instituciones de seguridad ENVIPE 2016

Autoridad

Percepción del desempeño2

Muy efectivo

Algo efectivo

Poco efectivo

Nada efectivo

Porcentaje

Marina

48.7

36.3

9.3

3.0

Ejército

43.8

39.9

11.2

3.2

Policía Federal

15.9

47.4

25.4

9.1

Procuraduría General de la República (PGR)

11.6

43.4

29.8

12.0

Jueces

11.7

41.7

29.8

14.1

Policía Estatal

9.0

43.0

33.5

12.5

Policía Ministerial o Judicial

10.9

39.5

30.6

16.4

Ministerio Público (MP) y Procuradurías Estatales

8.9

38.3

33.4

16.9

Policía Preventiva Municipal

6.2

39.0

37.6

15.7

Policía de Tránsito

5.2

36.1

41.2

16.2

Fuente: ENVIPE 2016

 

A la fecha no se cuenta con una estadística pública que permita identificar con claridad quiénes son los que están abusando y dónde, así como se sabe poco de las sanciones que reciben los policías responsables de los abusos. Los datos más evidentes son las quejas y recomendaciones realizadas en las comisiones de derechos humanos, pero existe una confusión al respecto: no todos los abusos por parte de los policías pueden ser considerados como violaciones a los derechos humanos, ni todas las violaciones a derechos humanos efectuadas por miembros de instituciones relacionadas con la seguridad, provienen de los policías.

 

La gente rara vez sabe dónde quejarse o denunciar si fue víctima de un abuso. En su mayoría lo hacen ante las comisiones de derechos humanos o ante una agencia del ministerio público. Sin embargo, las unidades de asuntos internos son las encargadas de revisar las quejas y de investigar para sancionar las malas o inadecuadas actuaciones de la institución policial . Por ello, cuando pasan situaciones de abuso o corrupción, es frecuente que queden impunes, pues la población no se dirige al lugar correcto y las instituciones no cuentan con mecanismos de coordinación tan desarrollados y efectivos como para canalizar los casos hacia las instancias de asuntos internos.

 

Los abusos de la autoridad policial provocan desconfianza y el temor en la policía. El problema es que, no importa cual policía haya abusado, la población tiende a generalizar la imagen que tiene de ellos, lo que provoca que la conducta de uno sea transferida al resto.

El temor de la autoridad a transparentar sus casos (aquello que sí puede publicarse) lleva a que la gente, con frecuencia, desconfíe de los castigos o sanciones que la autoridad pudo imponer sobre sus integrantes y eso provoca la sensación de impunidad.

 

Actualmente, con el uso cada vez más generalizado de teléfonos inteligentes, es cada vez más común observar en las redes sociales grabaciones de video en las que policías protagonizan situaciones de abuso o incompetencia laboral. Infortunadamente, no todas son sancionadas o investigadas toda vez que no se inicia una queja formal y las unidades de asuntos internos no siempre cuentan con las herramientas técnicas, administrativas y jurídicas para investigar de manera oficiosa los casos que se conocen por esas vías. Esto acentúa aún más la sensación de impunidad. Es por ello que las unidades de asuntos internos deben modernizarse para poder atender ese tipo de casos y antes que ello, hacer cada vez más transparentes y públicos sus mecanismos de recepción de quejas y denuncias.

 

La comunidad que es víctima de un abuso y no denuncia, se vuelve cómplice por omisión. En el México de hoy, la realidad es que como ciudadanos, nos resulta más fácil gritar, divulgar y agredir a la policía a través de las redes sociales, que seguir los caminos institucionales para asegurar que se investiguen y sancionen los abusos pues, conocedores de los pésimos servicios que ofrecen procuradurías y policías, es mejor y más fácil dar rienda suelta a nuestra furia mediante el anonimato de internet que apersonarse en una institución que, incluso, puede convertir nuestra queja en un riesgo a la seguridad personal. Y las instituciones y sus miembros no lo ven, escudados en lo que marca la ley, muchas veces prefieren cerrar los ojos ante la evidencia en video porque sus procedimientos así lo indican. En ese sentido, es indispensable la modernización de los procesos de detección de abusos y la investigación de los mismos. Si de verdad la autoridad policial tuviera algún interés en mejorar su imagen ante la ciudadanía, tendría que empezar por ello. En una época de hartazgo ciudadano, sería un buen punto de partida para recuperar la legitimidad de las instituciones.